Frente a los hechos ocurridos en la zonas del Norte y Bajo Cauca como consecuencia de la erradicación manual de cultivos ilícitos adelantada por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia ha podido constatar, después de sendas verificaciones, que las Farc han obligado el desplazamiento de todos los campesinos y habitantes de la región presentes en los cascos urbanos de Tarazá, Valdivia y Puerto Valdivia.

Consideramos que dicho desplazamiento ha afectado desde la perspectiva humanitaria a muchos sectores de la población, es especial a niños y ancianos, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo. En efecto, más del 60% de la población desplazada son niños, mujeres y adultos mayores.

Se han explorado múltiples fórmulas que permitan el retorno en condiciones dignas a sus parcelas de origen. Sin embargo, las Farc, a través de distintos mecanismos de coerción sobre la población, están impidiendo esta posibilidad.

La Fuerza Pública con presencia en la zona ha desarrollado una serie de acciones con estricta observancia de los protocolos en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el propósito de impedir las alteraciones al orden público y el bloqueo de la vía a la Costa Atlántica.  

Con estos hechos, una vez más se comprueba el grado de afectación que las Farc producen en la población a través de su estrecha relación con el narcotráfico, lo cual sólo genera muerte, pobreza e inequidad.